Créditos de carbono: qué son, cómo funcionan y en qué se diferencian de las cuotas del EU ETS

Solo el mayor estándar del mundo, Verra, certifica ya más de 2 500 proyectos y contabiliza más de 1 300 millones de toneladas de CO2 reducidas o eliminadas en más de 132 países. Y sin embargo, buena parte de las empresas españolas sigue confundiendo un crédito de carbono (también llamado bono de carbono) con una cuota de emisión del EU ETS, dos instrumentos que no tienen ni el mismo origen ni las mismas reglas.

La confusión tiene un coste. Comprar créditos de carbono es una decisión voluntaria; tener cuotas del EU ETS es, para ciertos sectores, una obligación legal. Mezclar ambos conceptos en una memoria de sostenibilidad o en una comunicación comercial puede además calificarse de greenwashing bajo la normativa europea que se detalla más adelante.

Esta guía explica qué es un crédito de carbono (o bono de carbono) y cómo funciona su mecanismo, en qué se diferencia del mercado regulado europeo, qué papel juegan los principales estándares de certificación, qué dice el nuevo marco europeo de certificación (CRCF) y cómo encaja con el sello Compenso del registro español del MITECO.

En breve

• Un crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente evitada, reducida o retirada de la atmósfera, certificada por un estándar independiente.
• No debe confundirse con una cuota del EU ETS: los créditos de carbono pertenecen al mercado voluntario (compensación facultativa); las cuotas EUA del EU ETS, al mercado regulado (obligación legal para los sectores intensivos en emisiones).
• Los principales estándares de certificación son Verra (VCS), Gold Standard y Puro.earth, cada uno con un enfoque y un nivel de exigencia distintos.
• El Reglamento (UE) 2024/3012 (CRCF) crea desde finales de 2024 un marco de certificación voluntario a escala europea, cuya aplicación práctica se construye por etapas durante 2025-2026.
• En España, el sello Compenso del registro del MITECO, gestionado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), reconoce específicamente la compensación mediante proyectos de absorción de CO2 inscritos en el propio registro.

Qué son los créditos de carbono y cómo funcionan

Un crédito de carbono es un título que certifica que 1 tonelada de CO2 equivalente ha sido evitada, reducida o retirada de la atmósfera gracias a un proyecto concreto: una instalación de energía renovable que sustituye a una central de carbón, un bosque gestionado para absorber más carbono que en un escenario de referencia, o una planta de captura directa de aire.

El mecanismo se apoya en cuatro pasos. Un promotor desarrolla un proyecto de reducción o de retirada de emisiones y lo registra ante un estándar de certificación. Una entidad externa independiente verifica que el proyecto cumple la metodología del estándar, en particular dos criterios decisivos: la adicionalidad (el proyecto no se habría realizado sin la financiación que genera la venta de los créditos) y la permanencia (el efecto de reducción o retirada dura en el tiempo, sin riesgo relevante de reversión). Una vez verificado, el estándar emite los créditos en un registro público, donde cada crédito tiene un número de serie único. Una empresa puede entonces comprar los créditos y "retirarlos" del registro para reclamar la compensación correspondiente: un crédito retirado no puede revenderse ni utilizarse una segunda vez.

Este mecanismo distingue con claridad un crédito de carbono de una simple declaración de intenciones. La trazabilidad del registro público permite, en teoría, comprobar que cada tonelada compensada se ha contabilizado una sola vez.

Mercado regulado (EU ETS) y mercado voluntario: la distinción que no hay que confundir

La confusión más frecuente sobre los créditos de carbono tiene que ver con su relación con el EU ETS (Emissions Trading System), el sistema europeo de comercio de derechos de emisión creado por la Directiva 2003/87/CE. Los dos mercados no son lo mismo, y la diferencia no es terminológica: es jurídica.

El EU ETS es un mercado regulado: los derechos de emisión (EUA, European Union Allowances) los crea y asigna una autoridad pública, y su posesión es obligatoria para la generación eléctrica, las instalaciones intensivas en energía, la industria pesada, la aviación intracomunitaria y, desde 2024, el transporte marítimo. El perímetro se ampliará con el ETS2, que cubre las emisiones de la edificación y del transporte por carretera, pero cuyos sujetos obligados son los proveedores de combustibles (un mecanismo "aguas arriba": la obligación recae sobre quien suministra el combustible, no sobre los propietarios de edificios ni sobre los transportistas): previsto inicialmente para 2027, su inicio se ha aplazado a 2028 por el Reglamento (UE) 2026/667, de 11 de marzo de 2026. En España, el MITECO es la autoridad que gestiona el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), incluido este nuevo RCDE 2.

El mercado voluntario de créditos de carbono, en cambio, no nace de una obligación legal: una empresa participa en él por decisión propia, para compensar emisiones residuales que todavía no puede eliminar, o para financiar proyectos climáticos. Los créditos no los crea una autoridad pública sino estándares privados, según metodologías propias. La frontera entre ambos mundos no siempre es hermética: algunos mercados de cumplimiento aceptan créditos generados por estándares privados del mercado voluntario. Es el caso del CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), el mecanismo de compensación de la OACI para la aviación internacional, que admite créditos de estándares como Verra o Gold Standard bajo criterios de elegibilidad propios; aplicado de forma voluntaria por los Estados participantes desde su fase piloto en 2021, será obligatorio para la mayoría de ellos a partir de 2027. Es también el caso de los mecanismos del artículo 6 del Acuerdo de París, descritos más adelante en este artículo.

Los estándares de certificación: Verra, Gold Standard y Puro.earth

Como el mercado voluntario no tiene una autoridad pública única, la credibilidad de un crédito depende por completo del estándar que lo certifica. Tres nombres se repiten en casi todos los proyectos en circulación.

Verra administra el Verified Carbon Standard (VCS), que la propia Verra describe como el programa de créditos de gases de efecto invernadero más utilizado del mundo: según los datos publicados por Verra, más de 2 500 proyectos registrados, con más de 1 300 millones de toneladas de CO2 equivalente reducidas o eliminadas, en más de 132 países. Cada crédito VCS se llama VCU (Verified Carbon Unit) y cubre sectores muy amplios, desde la agricultura hasta la silvicultura, pasando por la energía y los residuos.

Gold Standard, hoy conocido oficialmente como "Gold Standard for the Global Goals" (GS4GG), nació en 2003 por iniciativa de WWF y otras organizaciones ambientales y de derechos humanos, con sede en Ginebra. Se distingue por un requisito adicional: cada proyecto debe demostrar una contribución medible a al menos tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, además de probar su propia adicionalidad.

Puro.earth lanzó en 2019 el Puro Standard, descrito por la propia Puro.earth como el primer estándar del mundo dedicado exclusivamente a la retirada de carbono ingenierizada y duradera: captura directa de aire, biocarbón, almacenamiento geológico. A diferencia de Verra y Gold Standard, Puro.earth no certifica reducciones ni emisiones evitadas, solo retiradas físicamente verificadas, con una duración de almacenamiento de entre 100 y más de 1 000 años. Los créditos emitidos se llaman CORC (CO2 Removal Certificate).

Un nivel adicional de garantía transversal surgió a partir de 2021: el ICVCM (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market), organismo de gobernanza independiente, publicó diez Core Carbon Principles (CCP), un conjunto de criterios científicos para identificar los créditos de mayor integridad. Los créditos que obtienen la etiqueta CCP, disponible en los registros de Verra y Gold Standard, han registrado, según datos de mercado de ClearBlue Markets y Calyx Global recogidos por el propio ICVCM, una prima de precio de alrededor del 25% frente a los créditos que no la tienen.

Tipos de proyectos y sus límites: por qué no todos los créditos son iguales

Los proyectos que generan créditos de carbono se agrupan en familias con lógicas muy distintas. Los proyectos de forestación y conservación (incluidos los programas REDD+, "Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation") financian la protección o la restauración de bosques. Los proyectos de energía renovable evitan emisiones al sustituir fuentes fósiles. Los proyectos de eficiencia energética reducen el consumo, por ejemplo con cocinas de bajo impacto en países en desarrollo. Los proyectos de captura tecnológica, por último, retiran físicamente CO2 ya presente en la atmósfera, con un coste por tonelada generalmente más alto pero un perfil de permanencia más sólido.

Esta variedad explica por qué el precio de un crédito puede oscilar entre pocas unidades y varios cientos de dólares por tonelada: un crédito de evitación generado por un antiguo proyecto eólico no tiene el mismo perfil de riesgo que una tonelada físicamente capturada y almacenada de forma permanente.

Los proyectos REDD+ han concentrado además las críticas más documentadas del sector. Una investigación publicada en enero de 2023 por The Guardian, Die Zeit y SourceMaterial, resultado de nueve meses de trabajo y apoyada en un estudio de la Universidad de Cambridge de 2022, concluyó que alrededor del 94% de los créditos REDD+ analizados y certificados por Verra no representaba un beneficio climático real, y que la amenaza de deforestación en los proyectos examinados se había sobrestimado en promedio en torno a un 400%. Verra impugnó públicamente la metodología de la investigación, por considerar que no tenía en cuenta los factores de deforestación específicos de cada emplazamiento, y anunció una nueva metodología REDD aplicada progresivamente a partir de 2023.

Dos criterios técnicos que conviene comprobar siempre antes de comprar un crédito: la adicionalidad (el proyecto no se habría realizado sin la financiación de los créditos) y la permanencia (el efecto dura en el tiempo, sin riesgo de que el carbono almacenado se libere después, por ejemplo por un incendio forestal).

El marco normativo europeo y español: del reglamento CRCF al sello Compenso del MITECO

Hasta 2024, el mercado voluntario europeo funcionaba sin un marco de certificación común a escala de la UE: cada estándar aplicaba sus propias reglas, sin un reconocimiento oficial unificado. El Reglamento (UE) 2024/3012, conocido como CRCF (Carbon Removal and Carbon Farming), adoptado el 27 de noviembre de 2024 y en vigor desde el 26 de diciembre de 2024, crea un marco de certificación de la Unión, de carácter voluntario, para las absorciones permanentes de carbono, la carbonocultura (prácticas agrícolas y forestales de secuestro) y el almacenamiento de carbono en productos.

El reglamento marco está, por tanto, en vigor, pero su aplicación práctica se construye por etapas. La Comisión Europea adoptó el 20 de noviembre de 2025 el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2358, sobre las normas técnicas de los esquemas de certificación y los organismos de certificación, y el 3 de febrero de 2026 el Reglamento Delegado (UE) 2026/285, sobre las metodologías para las absorciones permanentes de carbono (captura directa de aire, bio-CCS, biocarbón). A fecha de esta redacción, el proceso de reconocimiento formal de esquemas de certificación por la Comisión seguía en curso, sin una lista pública de esquemas ya reconocidos: una empresa que hoy habla de "crédito CRCF" describe un marco normativo ya en vigor, pero un mercado operativo todavía en construcción.

En España, el ancla nacional de este marco europeo es el "Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono", existente desde 2014 (creado por el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo) y cuyo marco renueva el Real Decreto 214/2025, de 18 de marzo (BOE-A-2025-7439), que deroga el texto de 2014, desarrolla la disposición final duodécima de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética y añade la obligación de cálculo de la huella de carbono para determinadas empresas. La Oficina Española de Cambio Climático (OECC), órgano directivo del MITECO, es quien gestiona operativamente este registro, organizado en tres secciones: la huella de carbono y los compromisos de reducción, los proyectos de absorción de CO2 (el Real Decreto 214/2025 amplía este apartado más allá de lo forestal, dando cabida también al carbono azul, al cambio de uso de la tierra y a proyectos agrícolas y ganaderos) y la compensación propiamente dicha.

El sello Compenso es la distinción más avanzada de las tres que reconoce el registro, tras Calculo y Reduzco, y es precisamente el punto de conexión español con la lógica de crédito de carbono descrita en este artículo: una organización lo obtiene compensando parte de sus emisiones residuales mediante la adquisición de toneladas de CO2 procedentes de proyectos de absorción inscritos en el propio catálogo del registro. El mecanismo no es idéntico al de Verra o Gold Standard (el registro español tampoco vende créditos: reconoce un catálogo cerrado de proyectos nacionales cuyas toneladas se adquieren directamente a los promotores de esos proyectos), pero responde a la misma lógica de fondo: medir primero, reducir después, y compensar solo lo que no se puede evitar. Un servicio de acompañamiento en el registro de huella de carbono del MITECO ayuda a preparar la documentación técnica que exige cada una de las tres secciones.

Más allá de la Unión Europea, el Acuerdo de París regula también los mercados del carbono entre Estados a través de su artículo 6, con dos vías distintas: el artículo 6.2 organiza un enfoque cooperativo bilateral o plurilateral entre países (ITMO, Internationally Transferred Mitigation Outcomes), y el artículo 6.4 crea un mecanismo centralizado gestionado por la ONU, el Paris Agreement Crediting Mechanism (PACM), llamado a suceder al Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. Ambos canales permanecieron en gran medida teóricos durante casi una década por negociaciones bloqueadas en las reglas técnicas, hasta que la COP29 de Bakú, en noviembre de 2024, desbloqueó su puesta en marcha.

Cómo compra una empresa española créditos de carbono: registros, precios y riesgo de greenwashing

En la práctica, una empresa española que quiere comprar créditos de carbono no los compra directamente al registro del estándar: Verra, Gold Standard, Puro.earth y el registro del MITECO para los proyectos de absorción nacionales no venden créditos, llevan la contabilidad de las cuentas, las transferencias y los retiros. La compra se hace a un promotor de proyecto, a un intermediario o bróker especializado, o a través de una plataforma de compensación; el crédito adquirido se retira después en el registro correspondiente para reclamar la compensación. Antes de comprar, los puntos que conviene verificar son los mismos con independencia del estándar: la metodología aplicada al proyecto, la fecha y el resultado de la última verificación por un tercero, y el historial de retiros ya realizados para ese proyecto concreto.

El precio de un crédito de carbono varía enormemente según la calidad y el tipo de proyecto. El informe "State of the Voluntary Carbon Market 2025" de Ecosystem Marketplace señala, para 2024, un precio medio global de alrededor de 5,90 euros por tonelada (6,34 dólares), una media rebajada por créditos más antiguos que ya no superan los filtros de calidad actuales; las empresas compradoras que priorizan la calidad pagan de forma sistemática por encima de esta media, sin que exista todavía un precio de referencia único para una cartera corporativa, mientras que las retiradas tecnológicas duraderas, como la captura directa de aire, se sitúan hoy más a menudo entre 280 y 560 euros por tonelada (300-600 dólares), con algunos contratos a plazo plurianuales por encima de 1 000 euros por tonelada. Para comparar, la cuota del EU ETS rondaba los 80 euros por tonelada en 2026, un nivel de precio que responde a una lógica completamente distinta: un límite normativo decreciente, no la demanda voluntaria de compensación.

Un último punto merece atención especial: la comunicación en torno a la compra de créditos. Declarar un producto "carbono neutral" basándose solo en la compensación, sin reducciones reales de las propias emisiones, expone hoy a un riesgo normativo concreto. La Directiva (UE) 2024/825 prohíbe, desde el 27 de septiembre de 2026, afirmar ante los consumidores que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en términos de emisiones cuando esa afirmación se basa en la compensación de emisiones.

España transpone esta directiva a través del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros en julio de 2025 y todavía pendiente de aprobación definitiva a fecha de esta redacción. Puede consultarse el detalle de la transposición en la nota del Pacto Mundial España sobre el nuevo régimen de greenwashing.

La compensación no sustituye a la reducción. Los marcos más exigentes colocan la compra de créditos de carbono después, no en lugar, de la reducción directa de las emisiones, y esa reducción se mide, en la práctica, aplicando la lógica de alcances del GHG Protocol.

Para la metodología de cálculo de la huella de carbono previa a cualquier estrategia de reducción o compensación, la guía sobre la huella de carbono de empresa y el RD 214/2025 detalla la fase de medición en los alcances 1, 2 y 3; la guía del GHG Protocol detalla por su parte la metodología internacional de referencia que sirve de base a esos alcances 1, 2 y 3 y sus quince categorías.

Una plataforma de contabilidad de carbono como Orki no emite ni vende créditos de carbono: automatiza la recogida de datos de actividad y el cálculo de la huella en todos los alcances, el requisito previo que permite a una empresa decidir, con datos verificables, cuánto reducir de forma directa y cuánto, en su caso, compensar.

Conclusión: 5 puntos clave

1. Un crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2e evitada, reducida o retirada de la atmósfera, certificada por un estándar independiente y registrada en un registro público con número de serie único.
2. El mercado voluntario de créditos de carbono no es lo mismo que el EU ETS. El EU ETS es un mercado regulado y obligatorio para ciertos sectores; los créditos de carbono son voluntarios y los emiten estándares privados.
3. Verra, Gold Standard y Puro.earth son los tres estándares de referencia, con enfoques distintos: volumen y amplitud sectorial, contribución a los ODS, o retiradas tecnológicas duraderas exclusivamente.
4. El Reglamento (UE) 2024/3012 (CRCF) está en vigor desde finales de 2024, pero su aplicación práctica (esquemas de certificación reconocidos) sigue construyéndose por etapas.
5. En España, el sello Compenso del registro del MITECO es la vía nacional de compensación mediante proyectos de absorción de CO2, gestionada por la OECC, y responde a la misma lógica que el mercado voluntario internacional: medir, reducir y solo después compensar lo residual.

Fuentes

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• Gold Standard — Impact Registry. https://www.goldstandard.org/project-developers/impact-registry — Consultado el 29 de septiembre de 2026.
• Puro.earth — The Puro Standard for carbon removal credits. https://puro.earth/puro-standard-carbon-removal-credits — Consultado el 29 de septiembre de 2026.
• ICVCM — Core Carbon Principles. https://icvcm.org/core-carbon-principles/ — Consultado el 29 de septiembre de 2026.
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